Después de casi un año desde la detención de Marvin Calijau, exgerente, y Oscar Chang, exsubgerente, un juez de la cabecera dictó sentencia a través de un proceso abreviado.
Por Shirlie Rodríguez
En el Tribunal Primero de Sentencia Penal se realizó la audiencia de aceptación de cargos para el caso en contra de los dos exfuncionarios de la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ). Ambos acusados de cohecho pasivo por solicitar dinero a un asesor y gestor de licencias de construcción.
“Recibí dinero para la agilización de un trámite”, fue la frase que pronunció Calijau al aceptar los cargos ante el juez. Después pidió benevolencia para que le impusiera una condena baja. Dijo que estuvo tres meses hospitalizado por Covid-19 y además no ha encontrado trabajo.
El juez Domingo Cali dictó tres años y cuatro meses conmutables, además del pago de una multa de Q50 mil para cada uno, esta debe ser pagada en los siguientes tres días hábiles. Este proceso se realizó sin llegar a un juicio o debate, ya que la defensa de Calijau y Chang, solicitó hacerlo a través de una audiencia de acptación de los cargos imputados por el Ministerio Público (MP) y solo discutían la sentencia a imponer.
El MP no se negó a continuar con este proceso y por lo tanto pidieron imponer la condena mínima por el delito de cohecho pasivo y cinco años de prisión, la cual ahora se reduce una tercera parte de la sentencia.
El ente investigador presentó las pruebas que tenían después de la denuncia que se realizó en contra de los dos extrabajadores de la EEMQ, una de estas fue la grabación de audio de la voz de Calijau en donde exigía el dinero para agilizar un trámite. El MP realizó un análisis del mismo y se comprobó que era la voz del exfuncionario.
Otra prueba realizada fue a la letra de Calijau, ya que él entregó al denunciante una nota en la que pedía el 20 % del total del proyecto por el que solicitaba dictámenes para lograr el servicio de energía eléctrica.
“Q23,005.46”, se leía en el postit que le entregó a André Guilén, quien denunció el hecho.
Además, a Calijau y Chang se les imposibilitó para ejercer un cargo público durante un año, como parte de la sentencia.
El MP solicitó que devolvieran los Q10 mil que el denunciante entregó el 28 de enero de 2021 en un restaurante de la zona 7 de Quetzaltenango, como parte del operativo que se realizó con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
En esta audiencia también se debía solicitar una reparación digna, pero el MP dijo que el agraviado era el Estado de Guatemala, representado por la Procuraduría General de la Nación, pero no solicitaron nada.
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