En Asunción Mita, Jutiapa, 7 mil 481 personas rechazaron la operación de proyectos de explotación en su municipio. El Código Municipal regula parte de este proceso, pero no todo.
Por Isaias Morales
La reciente consulta municipal en Asunción Mita, Jutiapa, causó debate en redes sociales sobre la legalidad del proceso en el cual 7 mil 481 vecinos rechazaron un nuevo proyecto minero, lo cual representó el 87 por ciento de los asistentes.
Este proceso convocado por la municipalidad comenzó el 8 de agosto de 2022 en reunión de concejo. Este se regula en los artículos 63, 64 y 65 del Código Municipal para dirimir sobre asuntos que afectan a las comunidades de un municipio.
Para hacer este proceso se necesita de al menos el 20 % de la población empadronada, según la referida norma. El pasado domingo 18 de septiembre asistió el 27 % de los 30 mil registrados ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
No todas las voces en la localidad están de acuerdo por considerar que el proceso carece de fundamento legal. Es el caso de la empresa de origen canadiense Bluestone Resources, propietaria del proyecto minero Cerro Blanco, pues dijo en un comunicado que este referendum local no será vinculante.
Por su lado, la Asociación Pro Industria Minera Mita presentarán denuncias contra el concejo municipal y a los integrantes de la comisión específica a cargo del proceso.
Según el abogado, Oswaldo Samayoa, esta consulta sí tiene validez legal ya que el propio Código Municipal le permite a los gobiernos locales autorizar o no licencias. Esto aplica, explicó, para el uso de suelos y construcción de determinados proyectos en su territorio, no así para la explotación de los recursos, una competencia propia del ministerio de Energía y Minas (MEM).
De acuerdo al entrevistado, el concejo municipal podrá emitir ahora una ordenanza en la cual rechaza la operación del proyecto minero y con ello se volverá vinculante el proceso. Agregó que el MEM puede autorizar su propia licencia, pero esto podría causar conflictividad local si no considera la opinión de la población y del gobierno local.
Se buscó contactar con el alcalde René Francisco Guardado Lemus, pero al cierre de esta nota no contestó las llamadas. Es la primera vez que ocupa el cargo, asumió en 2020 tras ganar las elecciones con el comité cívico Miteco.
El MEM se pronunció mediante un comunicado en el cual sostuvo que este proceso es competencia del Gobierno y no de la municipalidad, aunque esta se encuentre en su territorio.
El secretario ejecutivo de la ANAM, Gerson Lópéz, aseguró en ConCriterio que habló con el alcalde Francisco Guardado y le dijo que la municipalidad no ha sido notificada sobre un amparo para suspender la consulta días antes de realizarse.
El proyecto Cerro Blanco opera en la localidad desde 2007 autorizada por el ministerio de Energía y Minas cuya licencia de 25 años vencerá en 2032. En la actualidad explota oro y plata vía subterráneo y planea ampliarse a trabajar a cielo abierto, lo cual levantó alertas entre organizaciones ambientalistas por posible contaminación a ríos cercanos, señaló un reportaje del medio salvadoreño Diario Co Latino.
La mina se localiza a 165 kilómetros de El Salvador, por lo cual distintas organizaciones del país vecino siguieron con atención la consulta municipal, pues uno de los cuerpos de agua más cercanos al proyecto es el lago de Guija localizado a 35 kilómetros en la frontera entre ambos territorios.
Según datos del portal de Gobiernos Locales, Asunción Mita no registra algún aporte en concepto de regalía por la extracción del mineral en la localidad entre 2020 y 2022, según consulta que realizó Ojoconmipisto. Tampoco figura este ingreso en sus presupuestos disponibles en su sitio.
Según la Ley de Minería, las alcaldías recibirán al menos el 1 % del total del monto explotado en lugar. Por ejemplo, El Estor percibe Q600 mil y los Amates Q1.8 millones, ambas del departamento de Izabal.
Por su lado, San Rafael las Flores, Santa Rosa, capta al menos Q9 millones en este rubro. En total 37 alcaldías captan Q16 millones anuales por concepto de regalías, según los registros del ministerio de Finanzas.
En Guatemala se han otorgado 290 licencias de explotación minera según el MEM.
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