Este personal está destinado exclusivamente a evaluar a los gastos de las comunas y consejos de desarrollo.
Por José Pablo del Águila
En 2017, la Dirección de Auditoría de Municipalidades informó que contaba con 210 auditores para fiscalizar los gobiernos locales. Actualmente, el equipo lo conforman 117 personas, según el subcontralor del gasto público, José Ramírez Crespín, quien fue nombrado el 1 de agosto por el contralor Edwin Salazar.
Ellos están a cargo de fiscalizar a las 340 municipalidades, aunque en años anteriores esto no se lograba.
Sin embargo, Ramírez y Edgar Contreras, asesor del Despacho de la Contraloría General de Cuentas (CGC), aseguran que el personal no se redujo sino se “reorganizó”.
Con el reacomodo se creó una dirección que fiscaliza a municipalidades y consejos de desarrollo. Antes eran fiscalizadas por una unidad de la CGC que auditaba a todas las entidades descentralizadas y autónomas.
César Elías, quien ocupó el cargo de subcontralor hasta julio de este año, indicó que la reestructuración permitió que la CGC evaluara la ejecución de los gastos “por sector”.
“Reestructuramos de tal manera que los resultados se evaluaran por sector (por ejemplo, salud, educación, municipalidades…), los auditores empezaron a especializarse y el director empezó a tener claro el panorama de cuáles eran las debilidades”, dijo Elías.
El exfuncionario dijo que las nuevas autoridades deben darle seguimiento a estas acciones. Una forma de hacerlo es que cada dirección de auditoria detecte las principales debilidades que tiene cada grupo en el gasto de sus recursos.
A partir de ello, el contralor podría hacer recomendaciones al Congreso de la República para que tome decisiones en temas presupuestarios de una manera informada, dijo Elías.
“La auditoría no debe tener el propósito (de emitir sanciones o hallazgos), sino detectar deficiencias y hacer recomendaciones para que sean eficientes”, opinó.
Walter Figueroa, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), considera que estas medidas de la contraloría deben acompañarse con el fortalecimiento del Ministerio Público y la creación de juzgados especializados en asuntos municipales. De lo contrario las investigaciones de la CGC no prosperarán.
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