Como consecuencia de ello están más expuestos a enfermedades de transmisión sexual que el resto de la población.
Por Elisa Sasvin
A Melvin Neftalí Tobar, Coordinador del Programa de Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) del centro de salud de Guastatoya, El Progreso, le preocupa que la comunidad gay del municipio no acuda los miércoles a las jornadas de información, análisis de salud y entrega de profilácticos que están a su disposición en forma gratuita para sexo servidores de ambos sexos.
«Estos servicios, además, son confidenciales», enfatizó.
“Hemos establecido alianzas con estudiantes del Centro Universitario de la Universidad de San Carlos para acompañar y apoyar a la comunidad gay del municipio pero la respuesta ha sido mínima”, afirma.
Según registros del centro de salud, solo una persona gay acude eventualmente los miércoles a su control profiláctico, en tanto que son 25 las mujeres que asisten con regularidad a estos exámenes.
Los controles consisten en exámenes de papanicolau y de sangre para analizarlos en el laboratorio y diagnosticar enfermedades de transmisión sexual luego referir a los servicios públicos de salud especializados.
“Hemos establecido alianzas porque es obligación de todos promover, educar y velar por la salud sexual de una comunidad que por sentirse excluida y por no exponerse a las humillaciones no acuden a estos servicios que incluyen análisis de laboratorio gratuitos” señala Tobar.
“La población LGBTI no acude para escapar de las humillaciones y porque desconocen de que existen estos servicios” afirma Rubí*; una persona que se identifica como gay y se identifica con este sobrenombre.
“En la mayoría de casos los padres desconocen que sus hijos son sexo servidores y para evitar que otros los vean no van a los centros de salud”, agrega Rubí. “En esta decisión también influye su nivel de estudios porque no pueden buscar empleos de otro tipo. Por ello optan por prostituirse u ofertarse como empleado doméstico», concluye.
Lo que narra Rubí no difiere mucho de lo que comparte Manolo*, ambos han sido víctima de discriminación por parte de sus familiares.
Manolo, además, asegura que ha sido objeto de acoso, abuso sexual, maltrato y acusado injustamente de portar arma de fuego y vender marihuana, esto último por un agente de la Policía Nacional Civil a quien le negó servicios sexuales gratuitos. El no acude a los servicios de salud pública porque teme ser discriminado, ya se hizo la prueba del VIH y asegura no estar contagiado. En la actualidad presta servicios domésticos.
*Manolo y Rubí solicitaron ser identificados en esta nota con sobrenombres
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Esta nota es producto del Diplomado «Periodismo, Fiscalización y Transparencia» que imparte el International Republican Institute (IRI), bajo la coordinación de Laboratorio de Medios, S.A. a periodistas de diversos departamentos de Guatemala. (La asistencia financiera y técnica que el IRI otorga para esta actividad es provista por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y es posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense).
