Los dos intentos para reformar la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte fracasaron. La Comisión Legislativa de Deportes podría conocer para su análisis tres iniciativas a finales de año, pero conseguir que las modificaciones se aprueben parece un camino largo.
La última vez que el pleno del Congreso conoció una propuesta de ley que buscaba cambiar esa normativa fue hace seis meses. La iniciativa número 4169 no era nueva, fue elaborada en 2022 y propuesta por 27 diputados. Entre ellos, Álvaro Enrique Arzú, el entonces presidente del Legislativo que aprobó los cambios exigidos por la FIFA para el fútbol, en 2017.
La propuesta 4169, que también contaba con el apoyo del presidente Bernardo Arévalo, derogaba siete artículos y modificaba seis.
Traje a la medida
Los cambios propuestos el 1 de febrero de 2024 se resumen en mantener la figura del Tribunal Eleccionario del Deporte Federado como máxima autoridad para la designación de los Comités Ejecutivos, Tribunales de Honor y Comisiones Disciplinarias. Y se agregaban dos nuevas vocalías al Comité Ejecutivo.
Además ordenaba que los órganos del Comité Olímpico Guatemalteco –su integración, derechos, atribuciones–, así como el funcionamiento y obligaciones del Comité Ejecutivo, debían regirse por sus propios estatutos.
“Esa iniciativa nació muerta porque no resuelve los problemas de fondo. Estaba enfocada en cambiar el proceso de elección y darle herramientas a la Asamblea del Deporte para quitar a Jorge Rodas del cargo”, dijo David Illescas, diputado electo por el partido Semilla.
Sin embargo, el Ejecutivo le apostó a la propuesta. Quería que se aprobara de urgencia nacional para lograr que el Comité Olímpico Internacional (COI) levantara la suspensión provisional en la que tenía al país pues se acercaban los juegos olímpicos de París.
Tanto que el mismo Arévalo se reunió con los jefes de bloque en el Palacio Nacional para pedir el apoyo de las bancadas. Sin embargo, el proyecto de ley solo llegó a primera lectura en el pleno del Congreso y no avanzó más.
“Varios diputados expresaron su desacuerdo porque la iniciativa era un tacuche hecho a la medida de las personas que gobernaban en ese momento el Comité Olímpico Guatemalteco. No hubo consensos y ni siquiera se pudo leer en el pleno”, contó Gustavo Cifuentes, diputado de Todos y presidente de la Comisión del Deporte.
Más representación de los atletas
Previo a la iniciativa 4169, existió la número 5422 propuesta en marzo de 2018 por la diputada de VOS, antes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Karina Paz. Estaba enfocada en apoyar a los deportistas para que tuvieran un programa de asistencia médico-terapéutico gratuito y vitalicio. Además, que cuatro de los siete miembros propuestos para integrar el Comité Ejecutivo del COG contaran “con cuatro años o más de experiencia deportiva en una o más federaciones y/o asociaciones deportivas nacionales”. Actualmente está integrado por cinco personas.
Además, proponía regular los viáticos y gastos conexos entre directivos, entrenadores, preparadores físicos y deportistas para que no fueran desiguales. Esta iniciativa se presentó al pleno, pero al mes siguiente recibió dictamen desfavorable.
Tres en camino
Según Cifuentes, actualmente hay tres nuevas propuestas en elaboración, una que será presentada por la Comisión Legislativa de Deportes que preside, otra por Semilla y una más por el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (Conader).
“Trabajamos una iniciativa de ley donde el beneficiado sea el atleta porque son los que menos recursos reciben del Estado, y que puedan ellos elegir a sus autoridades. El problema es que (los dirigentes) se eligen entre ellos. Buscamos la transparencia del gasto”, comentó Cifuentes.
Se le consultó a Illescas, diputado de Semilla, más detalles sobre su propuesta, pero al cierre de esta nota no respondió. La iniciativa de Conader se conocerá el próximo mes.
Las tres reformas se analizarán en la Comisión de Deportes, pero no hay garantía del tiempo que se tome dictaminar y presentar alguna final ante el pleno del Congreso para lograr su aprobación.