En Guatemala, el deporte y todas sus instituciones dependen de los recursos del Estado. Si bien se recibe apoyo de algunos patrocinadores y aportes del Comité Olímpico Internacional (COI), ni la suma de ambos montos podría sostener el presupuesto que año con año requiere el deporte guatemalteco para operar.
El financiamiento más alto proviene del Estado, el cual está obligado constitucionalmente a destinarle el tres por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios de la Nación. Sin embargo, la autonomía que resguarda al deporte, y la prevalencia de normas internacionales sobre las leyes locales, provocan que el país no tenga la última palabra en torno al manejo de los recursos que entrega ni garantiza el manejo adecuado de los Q646 millones que recibe.
En el caso del Comité Olímpico Guatemalteco, es el COI a través de la carta olímpica, el que busca imponer las reglas de juego al deporte olímpico guatemalteco, aún por encima de la legislación local.
Y si intervienen instituciones nacionales, se considera intromisión y la sanción –como ya ocurrió con el deporte de alto rendimiento–, se traduce en una suspensión.
La preeminencia del COI
Cuando el COI invitó a los comités olímpicos nacionales a participar en los juegos olímpicos de París 2024, la llamada no incluyó a tres países: Rusia, Bielorrusia y Guatemala. Los dos primeros, por su participación en la guerra contra Ucrania. Guatemala, a causa de una pugna de poder entre el anterior presidente del COG, Gerardo Aguirre, y el entonces presidente, el exfutbolista Jorge Rodas.
En las últimas elecciones, Aguirre no pudo postularse a reelección porque no reunía todos los requisitos que exige la ley guatemalteca, como el finiquito vigente para poder buscar el cargo. Participó una sola planilla, la de Rodas, y ganó.
Allí comenzó un pulso, donde una asamblea constituida sin la autorización del nuevo comité ejecutivo electo, cambió los estatutos del COG. Estos permitieron desconocer a Rodas y mantener a Aguirre en el puesto por otro período, hasta que la Corte de Constitucionalidad (CC) intervino y suspendió los nuevos estatutos del COG.
La acción de la CC, el máximo órgano legal en Guatemala, fue interpretada por el COI como “injerencia” y en octubre de 2022 suspendió al país de toda participación internacional. A partir de ese momento, los deportistas clasificados a eventos del ciclo olímpico, como los Juegos Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos, podían competir sin la bandera ni nada que los vinculara a su origen.
Como consecuencia, las medallas ganadas durante este periodo fueron apátridas y no forman parte de los registros históricos. Ese veto incluía también los juegos olímpicos en París. Por ello, apenas asumió el poder, el presidente Bernardo Arévalo se reunió con el COI en marzo de 2024 para solicitar que se levantara provisionalmente la suspensión y que, en aras del bienestar de los deportistas, se permitiera a Guatemala competir con su bandera.
El COI accedió siempre y cuando Gerardo Aguirre regresara al frente del COG –pese a no contar con finiquito y a no haber ganado la primera elección–, además de exigir las reformas a la ley del deporte.
De acuerdo con el economista Edgar Balsells, Guatemala sigue las directrices del COI y la Carta Olímpica, pero no es por el dinero: “El aporte del COI no es gran cosa, pero Guatemala no busca fondos ahí, sino una representación digna de sus deportistas. Es como pertenecer a cualquier organización internacional: no es imprescindible, pero si no se integra, el país pierde de algún modo”.
Según Francisco Aguilar, viceministro del Deporte, hasta 2022 el COI daba a Guatemala alrededor de U$1 millón, es decir, ni una décima parte del presupuesto del COG. Cuando llegó la suspensión, la entidad también retiró sus fondos y pese a ello, el COG siguió funcionando.
El COI aporta poca plata y mucho ritmo
El camino para eliminar por completo la sanción
Según Willi Kaltschmitt, miembro honorario del COI, en las elecciones del COG “hubo intromisión y eso llevó a que un tema de autoridades incluso se judicializara. Quizá no se salga de la legislación guatemalteca, pero va contra la Carta Olímpica”, señaló.
Para levantar por completo la sanción, el COI pide a Guatemala modificar la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte y garantizar que las elecciones de los dirigentes deportivos a futuro se ajusten a los principios establecidos en la Carta Olímpica.
“Nos dicen que las elecciones deben ser autónomas, pero siempre lo han sido. ¿Por qué hasta ahora que no gana Gerardo Aguirre presentan reparo? La ley sí debe reformarse, pero no para beneficiar a alguien. El Congreso decidirá en su momento”, dijo la diputada Karina Paz quien, en la legislatura pasada integró la Comisión de Deportes. Aun así, Paz no ve al deporte como un tema activo en el pleno por ahora.
Kaltschmitt, por su parte, asegura que el COI siempre ha respetado la autonomía del COG, no influye en sus decisiones y no se involucra en materia electoral, a menos que se viole la carta olímpica.
Al preguntarle por qué entonces el COI solicita cambios en la ley del deporte si Rodas ganó ante las reglas guatemaltecas, responde con el mismo cuerpo legal para el cual se piden modificaciones. Según el artículo 170, aunque la carta olímpica y un reglamento o estatuto se contradigan, prevalecerá la primera.
No es la primera vez que sucede esto en Guatemala. De 2016 a 2018, la FIFA suspendió la participación del fútbol nacional en sus torneos tras una investigación por corrupción. La entidad solicitó que una comisión tomará las riendas de este deporte para crear nuevos estatutos y reestructurar la directiva, pero esta fue desconocida por la Federación Nacional de Fútbol (Fedefut).
En respuesta, la FIFA suspendió de toda participación a la Fedefut y a sus selecciones en todas las categorías hasta que el Congreso reformó la ley del deporte para revertir la sanción. La diferencia es que FIFA aporta la mayor cantidad de recursos al fútbol de Guatemala, mientras con el COG pasa lo contrario.
Más que un tema de dinero
En 2024, según el ministerio de Finanzas, el Estado asignó Q646.8 millones al deporte federado (1.5 por ciento del presupuesto general), Q323.4 millones a educación física, deportes y recreación (otro 0.75 por ciento) y Q323.4 millones más al deporte no federado, en cumplimiento a la obligación constitucional de aportar a estos rubros.
El abogado Roberto Alejos integró la Asamblea Nacional Constituyente donde cobraron vida este y otros compromisos del Gobierno a través de la Constitución. “Quisimos darle su lugar al deporte, sin pensar que ese dinero sería después el atractivo para la corrupción. Si se hace bien, solo cambiar la ley puede evitar este problema”, explicó.
De acuerdo con Alejos, ajustarse a la Carta Olímpica no abriría la puerta a intromisiones futuras del COI: “Ambas partes tienen propósitos claros. Ellos piden que las elecciones sean independientes. Guatemala no pretende someterse ante el Comité ni mostrar quién da más dinero, sino solo participar en el ciclo olímpico con su bandera. Eso solo se logra bajo estas condiciones”.
Para Francisco Aguilar, viceministro del Deporte, tampoco existe un pulso. A su criterio, para el Estado lo importante es que los atletas escuchen su himno nacional en las olimpiadas en vez de compartir una bandera sin nombre con otros no invitados a los juegos. Aun así, no sabe si se reformará o no la ley, pues esa es la solicitud del COI, pero esto pasa a manos del Congreso.
Kaltschmitt coincide con Aguilar y asegura que hasta ahora el COI no puso una fecha límite a Guatemala para hacer los cambios, solo pidió llevarlos a cabo.
No sabe si en el futuro se impondrá un plazo y si la sanción volverá a estar vigente en el ínterin.