Metodología
Cómo lo hicimos
Para elaborar el especial “22 alcaldías bajo la lupa” el equipo investigó a los candidatos de las 22 municipalidades ubicadas en las cabeceras departamentales. Hace cuatro años fueron 353 personas las que participaron en el proceso electoral.
En este ejercicio la muestra original era de 351 candidatos acorde con el número de planillas registradas por el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, a lo largo del proceso este revocó la inscripción de seis candidatos a alcalde, por lo que se optó por investigar a los cinco concejales. El tamaño de la muestra pasó a ser de 356 personas.
La ley electoral guatemalteca establece que si esa planilla llegara a ganar, quien asumiría sería el concejal titular primero. Ya que, de acuerdo con el Código Municipal, la persona que sustituye al alcalde en caso de ausencia temporal, renuncia o fallecimiento es el concejal primero.
En sus marcas, listos, fuera
El TSE convocó a elecciones generales el 20 de enero de 2023 y dio paso a las inscripciones de las planillas municipales un día después. Esta fase terminó el 25 de marzo.
Fue hasta la segunda semana de febrero cuando el TSE comenzó a publicar en su sitio las imágenes de los PDF de las actas de cada partido y comités cívicos. Por lo que cada semana se consultaba la información para anotar los nombres completos de los candidatos. No había información adicional.
El 26 de febrero se presentaron las primeras solicitudes de información a la Contraloría General de Cuentas (CGC), Ministerio de Finanzas (Minfin), Tribunal Supremo Electoral (TSE), Organismo Judicial (OJ), Ministerio Público (MP) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para pedir datos de los primeros 57 candidatos.
El objetivo era establecer quienes son proveedores del Estado, si tenían procesos judiciales donde figuraran como sindicados y sus actividades económicas. En el caso de los alcaldes, diputados y exfuncionarios determinar si tienen solicitudes de antejuicios y hallazgos en la Contraloría General de Cuentas por el manejo de fondos públicos.
Las solicitudes de información se enviaron durante febrero, marzo, abril y mayo.
De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, el padrón electoral cerró con 9,356, 796 guatemaltecos inscritos, más de la mitad son mujeres. Foto: Plaza Pública
El Organismo Judicial entregó las causas civiles, penales y familiares donde figura el nombre del candidato. En este proyecto se presentan únicamente las causas penales en donde aparecen como sindicados, señalados y/o acusados.
El Ministerio de Finanzas proporcionó la información del Registro de Proveedores del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Guatecompras) para establecer quiénes eran proveedores, tipos y montos de los contratos.
De esta investigación se excluyó a 15 candidatos del partido Prosperidad Ciudadana y a cinco del Partido Oportunidades y Desarrollo (Poder) por problemas legales en sus asambleas de proclamación de candidaturas.
Con este ejercicio se pudo observar cómo va en detrimento el acceso a la información pública de parte de algunas instituciones. El Ministerio Público fue la única institución que denegó la información aun cuando se les aclaró que se querían conocer las denuncias relacionadas con la función pública.
El TSE también denegó la información en un inicio cuando se les solicitó datos relacionados a los candidatos. La solicitud fue tramitada después de presentar un recurso de revisión.
La SAT también intentó hacer lo mismo, pese a que en años anteriores proporcionaron el registro de contribuyentes para establecer la actividad económica de estas personas en mención. Tras conversar con las autoridades la proporcionaron.
La SAT también intentó hacer lo mismo, pese a que en años anteriores proporcionaron el registro de contribuyentes para establecer la actividad económica de estas personas en mención. Tras conversar con las autoridades la proporcionaron.
La papeleta para elegir a la corporación municipal es rosada. Foto: RepúblicaGT
Complicaciones voluntarias
A pesar de que en 2018 el gobierno de Guatemala publicó la Política Nacional de Datos Abiertos, las instituciones entregaron la información en formatos cerrados que complicaban su sistematización. Algunos enviaron documentos en formato PDF, esto obligó a convertir los documentos en un formato editable para su fácil manejo. En otros casos, fueron fotocopias escaneadas lo que dificultó el manejo de datos.
La SAT y Finanzas fueron las únicas instituciones que enviaron la información en documentos .xls
Además, se constató que el Estado no tiene información estandarizada dentro de sus registros. El Organismo Judicial identifica de distinta forma a los sindicados. En algunas ocasiones detallaron el tipo de delito y en otras dejaron la casilla en blanco. Al cuestionar esto, la Unidad de Información respondió que entregan datos como los envía cada juzgado.
Toda esta información fue sistematizada y analizada. El resultado son cuatro bases de datos que se presentan en este proyecto y que pueden ser descargadas por los usuarios.
Base de datos del Organismo Judicial:
Base de datos de Guatecompras:
Base de datos de la Contraloría General de Cuentas:
Base de datos de la Superintendencia de Administración Tributaria:
Base de datos del Tribunal Supremo Electoral:
