Las constructoras deben habilitar un portal web para transmitir en vivo los trabajos. Es para propiciar la auditoría social. Pocas cumplen.
Por German Carranza
Desde 2017 las constructoras deben instalar cámaras para transmitir en directo lo que ocurre en la obra. El artículo 80 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de ese año estableció que los avances de cada proyecto debían transmitirse en línea.
La disposición aplica a cualquier obra cuyo costo supere los Q900 mil. En teoría, toda licitación de infraestructura debe contar con el sistema de transmisión.
La lógica es clara: las cámaras deben mostrar en internet cómo avanza la construcción de calles, escuelas, drenajes o caminos, de modo que la ciudadanía pueda ingresar, verificar y darle seguimiento al proyecto.
De las 40 obras monitoreadas, 35 están obligadas a contar con el sistema de monitoreo abierto al público, pero solo siete constructoras cumplieron con lo que establece la ley.
Una obligación contractual
La municipalidad debe incluir en el contrato una cláusula que obligue a la empresa constructora a instalar la cámara y transmitir en línea el avance de la obra, así como a entregar un archivo electrónico con el historial del proyecto y mantenerlo actualizado mensualmente.
La norma no establece un número de cámaras. En 2017 se aclaró que era la constructora quien debía decidir cuántas instalar, tomando en cuenta la magnitud de la obra. Sin embargo, en el Presupuesto 2025 no se menciona, y el proyecto de Presupuesto 2026 tampoco lo hace.
De las 35 obras que están obligadas a aplicar este mecanismo, seis municipios omitieron la cláusula en sus contratos.
En Guatecompras está el enlace
El contratista está obligado a entregar el enlace a la alcaldía y esta, a su vez, debe publicarlo en Guatecompras. El acceso tiene que ser público. La municipalidad puede colocarlo en la sección “enlace de seguimiento y monitoreo” o en el “historial de acciones” del concurso.
En la práctica, no todas cumplen. El 9 de junio se realizó el primer monitoreo de la información cargada en Guatecompras. Ese día, 11 municipalidades habían publicado el enlace de la cámara. A las otras 24 se les solicitó el acceso por medio de información pública. Seis de ellas no respondieron.
De las 35 obras que estaban bajo esta obligación, al cierre de esta nota, 25 publicaron el enlace en Guatecompras.
En total, entre lo obtenido en la plataforma y lo recibido por información pública, se logró reunir datos de 29 proyectos. Sin embargo, contar con un enlace no garantiza que la cámara funcione o que brinde acceso al monitoreo.
De esas 29 obras, 18 tenían un enlace directo a cámaras, pero 11 presentaron fallas: no cargaron, pedían instalar un programa adicional o las credenciales entregadas por la constructora eran incorrectas. Se logró acceso a siete cámaras de monitoreo en funcionamiento.
En los demás casos, lo que se entregó fueron canales de YouTube, carpetas en Drive o páginas con fotos y videos: material que sirve de registro, pero que no cumple con la transmisión en línea.
Existen excepciones
La Ley del Presupuesto de 2023, en su artículo 84, contemplaba una excepción: los proyectos ubicados en áreas rurales sin electricidad o internet podían sustituir la transmisión en línea con un archivo de fotografías que mostrara el avance progresivo de la obra.
Para el Presupuesto de 2025, en el artículo 89, esa excepción desapareció. La norma ya no establece condiciones especiales, aunque algunas municipalidades siguen aplicando el criterio.
En la propuesta de Presupuesto 2026, artículo 100, la excepción regresa. Esta vez se detalla que, cuando no sea posible instalar cámaras por falta de acceso a internet, deberá elaborarse un registro fotográfico mensual. Cada imagen tendrá que incluir coordenadas geográficas, fecha y hora de ejecución de los trabajos.
Sin cámara, sin sanción
Para Luis Linares, abogado y miembro de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), la norma se cumple solo cuando hay voluntad. “Como en muchas leyes, no pasa nada si no se cumple”, señaló. Agregó que lo importante es que la información sea útil y permita tener una idea clara del proyecto. De lo contrario, dijo, “se convierte en un requisito formal que no aporta nada”.
Desde el Ejecutivo, la postura es distinta. Walter Guillermo Del Cid Ramírez, subsecretario de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), aseguró que la ausencia de una cámara es motivo suficiente para suspender las transferencias a las municipalidades. Pero nada de esto ha sucedido.
La supervisión de los proyectos recae en los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede). Son sus supervisores quienes deben reportar si la obra no cumple con esta obligación legal e informar a las municipalidades.
En la práctica, hay casos donde la cámara existe, pero no sirve al objetivo de transparencia. En Escuintla, la constructora entregó un canal de YouTube. Sin embargo, el director ejecutivo del Codede departamental, Nelson Hernán Revolorio Mencos, dijo que la cámara estaba instalada; la transmisión no es pública.
En el caso de Barberena, Santa Rosa, que no tiene disponible el acceso a la cámara, se consultó al director ejecutivo del Codede departamental, Rafael István Molina Solórzano, quien también dijo que la construcción cuenta con el dispositivo de grabación; no es posible conectarse a la transmisión.