Constructoras registradas como Mipymes obtienen contratos millonarios para ejecutar proyectos de gran escala. El Icefi pide verificar la capacidad técnica y financiera de las empresas antes de adjudicarles obras.
Por Ojoconmipisto
En Guatemala, a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) se les promueve como un pilar del desarrollo económico. El Ministerio de Economía las reconoce como motor de empleo y crecimiento local, y busca abrirles espacio en las compras públicas. En la teoría, esta política debería permitir que carpinterías, talleres de mantenimiento, servicios de catering o pequeñas constructoras encuentren oportunidades como proveedores en el Estado.
Pero en los listados de obras financiadas con fondos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) figuran ejemplos de empresas inscritas como “pequeñas” que reciben contratos millonarios para ejecutar proyectos de infraestructura de gran escala.
La contradicción es evidente: mientras la clasificación las mantiene como Mipymes, sus adjudicaciones superan los Q5, 10 o hasta 15 millones en un solo contrato.
El Acuerdo Gubernativo 211-2015 establece que las Mipymes se clasifican según el número de empleados y el volumen de sus ventas anuales en salarios mínimos mensuales de actividades no agrícolas (Q3,723.05)
Las microempresas cuentan con entre 1 y 10 trabajadores y ventas que van de 1 a 190 salarios mínimos; las pequeñas, como las que aparecen adjudicadas en contratos millonarios de los codede, tienen entre 11 y 80 empleados y ventas anuales de 191 a 3 mil 700 salarios mínimos; mientras que las medianas manejan de 81 a 200 trabajadores y ventas que oscilan entre 3 mil 701 y 15 mil 420 salarios mínimos.
De las 40 obras analizadas para este especial, 15 están a cargo de pequeñas empresas con contratos que van desde Q320 mil hasta Q20.2 millones. Otras 24 con medianas y una no se identifica.
Verificaciones pendientes
“Lo que vemos en muchos casos es que se utilizan mecanismos para eludir los requerimientos de capacidad económica y experiencia que exige la Ley de Contrataciones”, explica Ricardo Barrientos, economista y director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Según el especialista, este fenómeno se repite en varios municipios y Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), donde la figura de la Mipyme puede convertirse en un atajo para adjudicar obras millonarias.
Barrientos describe el esquema de esta manera: “Cuando se quiere impulsar una acción fraudulenta para adjudicar un contrato a un diputado o un alcalde, lo que se hace es crear una empresa de cartón. El objetivo es claro: obtener el contrato amañado, con sobreprecios y con la intención de sólo recibir los anticipos y posiblemente dejar tirada la obra”.
Sin embargo, el economista también advierte que no se debe caer en generalizaciones. “Las Mipymes son un actor importantísimo en el desarrollo económico de Guatemala. Las empresas grandes generan entre el 30 y 40 % del empleo, pero las Mipymes y la economía informal representan alrededor del 70 %. No podemos satanizar a todas: hay casos sumamente especializados que sí tienen capacidad técnica”.
El dilema está en los controles. La normativa obliga a las municipalidades y a los Codede a verificar la capacidad física y financiera de las empresas antes de adjudicarles proyectos. Pero en la práctica, esa obligación suele quedar en el papel.
“La Contraloría General de Cuentas debería detectar y sancionar estas anomalías, pero su revisión llega tarde si es que se hace. Mientras tanto, el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) se limita a comprobar que la empresa esté solvente con la SAT y debidamente inscrita en el Registro Mercantil, algo que no garantiza que pueda construir una escuela o pavimentar calles en municipios”, concluye Barrientos.