Una Oficina Municipal de Agua y Saneamiento (OMAS) es la unidad técnica encargada de gestionar el servicio de agua potable y residual en los municipios.

Un sondeo realizado por la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (Compresam) durante el segundo trimestre de 2021, estableció que de 268 gobiernos locales encuestados (de 340), solo 82 cuentan con esta figura. El resto opera con otro tipo de modelos.

Por ejemplo, 87 alcaldías dan seguimiento a través de dependencias de servicios públicos, 16 tienen departamentos de agua, 13 no cuentan con algún tipo de oficina, 11 lo gestionan con direcciones de planificación y nueve utilizan sus unidades de fontanería.

Del total de municipalidades encuestadas, el 4.9 por ciento reconoció no contar con ningún tipo de estructura que vele por el servicio.

Por otro lado, en el mismo sondeo el 97 por ciento dijo tener problemas de escasez del líquido.

En julio de 2021, Luis Ruano, director de la Compresam, emprendió una gira nacional para promover la creación de las OMAS. El objetivo de la institución es que este año se instalen 65 de estas oficinas técnicas.

Para formar una OMAS los gobiernos locales deben emitir un acuerdo municipal, asignar recursos financieros, humanos y físicos, crear un manual de funciones y procedimientos, y un reglamento interno.

Todo este trabajo debe ser elaborado por los alcaldes, con asesoría de Compresam.

El plan para crearlas está dividido en dos fases. En la primera, que recién comenzó en marzo de 2021 y finalizó en junio pasado, la comisión visitó 268 municipios y capacitó a 102 alcaldes, a 1 mil 362 empleados municipales y a 155 síndicos.

La segunda fase, la implementación de las oficinas, está en marcha. La Compresam mantiene reuniones con los jefes ediles para conformar equipos de implementación y calendarizar visitas técnicas de seguimiento.

De acuerdo con Marco Morales de la Cruz, doctor en ingeniería hidráulica y medio ambiente, los trabajos de agua y saneamiento requieren de personas con conocimientos y capacidades técnicas con la habilidad de hacer diagnósticos y poner en marcha soluciones.

Estos van desde ingenieros sanitarios hasta empleados especializados.

Morales, quien ha participado en capacitaciones con gobiernos locales en el manejo de este recurso, dice que un jefe edil dedica entre el 30 y 70 por ciento de su tiempo a resolver conflictos hídricos. El dato lo proporciona a partir de su experiencia.

“Se requiere de voluntad política para direccionar recursos públicos a ese tema, pero no es suficiente. Tiene que existir un esquema de tarifas para cobrar este servicio, que bien prestado no es barato.

Aquí hace falta mucha conciencia social”, señala. El experto enfatiza que la problemática debe ser abordada por gobernantes y ciudadanos.

Los recursos hídricos del país deben dejar de ser manejados por oficinas de servicios públicos o fontaneros y evolucionar a dependencias modernas que cuenten con el presupuesto adecuado y especialistas en la materia.

"Yo conozco municipalidades pequeñas y rurales donde el personal no tiene las capacidades y se contrata a quienes ayudaron al alcalde a llegar al puesto, las mismas personas de las comunidades sin expertise", relata Morales.

El experto señala que en algunas alcaldías lo único que existe es un fontanero que no terminó la primaria y que trabaja por un salario mínimo.

Y, pese a eso, es el encargado de llegar a las comunidades a arreglar tuberías, revisar taponamientos o realizar instalaciones menores. Con los recursos insuficientes las instituciones sólo “gestionan el mal servicio que ya brindan”, critica Morales.

Otro ejemplo es Tecpán, Chimaltenango, un municipio que tiene 91 mil 927 habitantes y un solo fontanero que devenga Q3,250, según documenta una solicitud de acceso a información pública –el de Chichicastenango recibe Q4,303–.

Este gobierno local cuenta con una oficina de sección de agua con un presupuesto de Q1.8 millones.

Ruano, el director de Copresam, dice que en los lugares donde no existen OMAS, las dependencias de servicios públicos son las que gestionan el agua, junto con el transporte público, los mercados, basureros y demás. “No hay un equipo técnico dedicado solo a este recurso”, explica.

La comisión prevé que al contar con OMAS los gobiernos locales podrán elaborar planes maestros para el manejo del líquido y abordar las carencias administrativas a través de estrategias basadas en conocimientos técnicos.

“Además podrán monitorear la calidad del agua y estrechar la relación con el ministerio de Salud y los Cocodes”, señala Ruano.