En miles de hogares el agua no llega todos los días y cuando lo hace, sale sucia del chorro. ¿Qué medidas están tomando las alcaldías? Esta es una radiografía de la situación del recurso hídrico en el país.
En miles de hogares el agua no llega todos los días y cuando lo hace, sale sucia del chorro. ¿Qué medidas están tomando las alcaldías? Esta es una radiografía de la situación del recurso hídrico en el país.
Jody García
@jodyreporta
Chinautla, Guatemala
elPeriódico
Cada lunes y jueves Maritza Pivaral tiene que desvelarse. Esos días, entre 6 de la tarde y 7 de la mañana del día siguiente, son los únicos en que de su chorro cae agua.
“Cuando llega aprovechamos a lavar la ropa, a llenar la pila, los tres toneles y un depósito de 600 litros. Eso nos tiene que alcanzar para dos días porque en mi casa vivimos dos familias. No la tomamos pues cae de color amarillo”, relata. Todo este trabajo le toma entre cuatro y cinco horas.
Desde hace 24 años, Maritza vive en la aldea El Durazno, colonia Los Pocitos del municipio de Chinautla, en el departamento de Guatemala.
Durante el tiempo que ha vivido allí ha visto cómo se deteriora el servicio. Primero empezó a llegar un par de días a la semana y luego contaminada, sucia.
"Las municipalidades tienen planes para cuatro años y el manejo de las aguas es tema de largo plazo,"
Raúl Maas, del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna) de la Universidad Rafael Landívar.
Los vecinos de Tierra Nueva 1 de la zona 0 de Chinautla pagan Q12 por llenar un tonel, Q5 una cubeta y Q6 la pila. Foto: elPeriódico
En diversas ocasiones, Maritza y sus vecinos le han reclamado a la alcaldesa Elizabeth del Cid Medrano la calidad del servicio. Sin embargo, no han recibido una respuesta concreta.
La funcionaria ocupa este cargo desde 2016. Su tío Edgar Arnoldo Medrano, que guarda prisión, estuvo al frente de la comuna durante cinco periodos.
“En diciembre (de 2020) fuimos a la municipalidad pero no nos atendió, solo salieron sus representantes. Llevamos fotos donde se veía que el agua es escasa y fea, y la solución que nos dieron fue momentánea.
Por quince días cayó clorada, pero otra vez está amarilla”, narra Maritza.
Con el tiempo sus toneles y depósitos se han impregnado de un color negro por la suciedad del líquido. Pese a eso, lo utilizan para bañarse porque no tienen otra opción.
Para beber y cocinar, Maritza compra dos tambos a un servicio privado y utiliza filtros.
“Si así están los toneles, ¿cómo estará nuestro cuerpo? Por eso no la tomamos”, expresa con preocupación.
Así como Maritza y sus vecinos, según el Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna) de la Universidad Rafael Landívar, el 50 por ciento del territorio nacional sufre escasez de agua.
Con este panorama, ¿cuál es el papel que les corresponde a las municipalidades?
Los gobiernos municipales tienen dos formas de recolectar el agua potable: por proceso de gravedad y por bombeo.
Marvin De León, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), explica que el proceso de gravedad consiste en recolectarla de los nacimientos en montañas cercanas a los municipios y utilizar tanques elevados para luego distribuirla.
Por bombeo es cuando el líquido se extrae del subsuelo a través de pozos mecánicos.
Una vez recolectada, las alcaldías con grandes recursos económicos y de logística, la administran a través de empresas de gobiernos locales, como Empagua en la Ciudad de Guatemala; Emax en Quetzaltenango y Emapet en Petén.
Las más pequeñas administran, suministran y cobran a través de oficinas municipales de agua y saneamiento y/o oficinas de fontanería.
El Acuerdo Ministerial 523-2013 establece que todas las comunas y las empresas privadas que proveen este servicio tienen que clorar el agua.
Marvin de León, de Anam, asegura que los gobiernos municipales cumplen con este requisito y que son fiscalizados por el ministerio de Ambiente.
Sin embargo, en los últimos años se han registrado casos de presencia de bacterias como la E. coli en el agua. Los estudios privados sobre la calidad del agua los realizaron los vecinos.
El agua con que los vecinos llenan las pilas no siempre está clorada. Foto: Oliver de Ros
Raúl Maas, director del Iarna, señala que las municipalidades no tienen claridad sobre dónde están localizados sus nacimientos, y las que lo saben no han realizado estudios técnicos para determinar la cantidad y la calidad.
Esto implica que no existen estrategias para asegurar una buena gestión del recurso.
En 2016, el Instituto Nacional de Estadística (INE) elaboró un inventario en el que se registró la existencia de 11 mil 388 lugares para abastecerse de agua para consumo humano en Guatemala, el 65 por ciento proviene de manantiales.
La Anam asegura que sí conocen sus fuentes, pero no tienen la capacidad para comprobar la calidad del recurso. Sin embargo, saber donde están no significa que puedan acceder a ellas, enfatiza Maas.
Esas 11 mil 388 fuentes de agua corresponden solo al 1.1 por ciento de la capacidad hídrica de Guatemala.
José Luis Portillo, jefe del Departamento de Cuencas del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), señala que en el país hay 97 mil 120 millones de metros cúbicos de agua disponibles al año.
El 57 por ciento de los caudales se utiliza para la agricultura, el 25 por ciento para consumo humano y el 18 por ciento restante para la industria y otros sectores.
Iarna tiene otras estimaciones. Maas señala que la producción agroindustrial consume el 75 por ciento del agua en el país.
¿Ese 1.1 por ciento de agua para el consumo humano alcanza para los más de 15 millones de guatemaltecos? Para el MARN sí, para los investigadores ambientales no.
“Esta supuesta suficiencia hídrica encierra varios espejismos, pues la mera existencia material del elemento no significa que se tenga acceso a las cantidades y calidades requeridas”, señaló Iarna en un boletín por el día del agua, conmemorado el 22 de marzo de cada año.
La Defensoría Socioambiental del Procurador de los Derechos Humanos ha recibido denuncias por falta de agua que cuentan historias similares a la de Maritza y la aldea El Durazno, en Chinautla: con escasez, contaminación y falta de saneamiento.
El 41 por ciento de los hogares guatemaltecos carece de un sistema de distribución de agua potable.
Saúl Orellana, coordinador de la Mesa Técnica de Agua del PDH para la región metropolitana, señala que los conflictos que se generan alrededor del recurso van desde falta de abastecimiento, calidad, cobros excesivos en el suministro del servicio, hasta desvío de ríos y conexiones ilegales.
Solo en 2020 al 11 de abril de este año, el PDH recibió 85 denuncias por presunta violación al derecho al acceso al agua en el área metropolitana.
La Anam señala que no cuenta con los recursos económicos ni legales para actuar frente a estos problemas, y el investigador del Iarna cuestiona que los planes para atacarlos se realizan de forma temporal.
“Las municipalidades tienen planes para cuatro años y el manejo de las aguas es tema de largo plazo”, señala Maas. Esto afecta la capacidad de los gobiernos locales de atender las demandas de los ciudadanos.
La Anam asegura que impulsa un proceso para institucionalizar las oficinas municipales de agua y saneamiento (OMAS), para que sea obligatorio que todas las alcaldías las instalen.
Por otro lado, el ministerio de Ambiente está por lanzar una política nacional de recurso hídrico, que establecería un plan de acción con lineamientos institucionales para el manejo del recurso.
Para tratar la contaminación del agua “debe haber un esfuerzo entre el sector público, privado e incluir a las municipalidades, principalmente en el proceso de creación de plantas de tratamiento”, señala José Luis Portillo, del MARN.
Desde 2015 se han dado prórrogas para que las comunas puedan cumplir con el Acuerdo Gubernativo 236-2006, Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos, que las obliga a contar con plantas de tratamiento.
Las alcaldías aducen falta de recursos financieros y presupuestarios para cumplirlo.
La última ampliación, realizada en 2019, da a las instituciones hasta mayo de 2023 para que cuenten con al menos una. Algunas municipalidades ya trabajan en ello.
En el portal del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), 6 de septiembre de 2021, había 853 proyectos de construcción, ampliación y/o mejoramiento de plantas de tratamiento.
“La poca rigurosidad para exigir el cumplimiento de las normas pone en riesgo los cuerpos de agua y a su vez el derecho de la población de acceder al recurso”, señaló Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos (PDH).
Mientras esto se resuelve Maritza Pivaral seguirá organizándose con la comunidad para exigir a la municipalidad de Chinautla que atienda sus demandas, pero dice no confiar. “Desde hace tiempo que no nos escuchan. Tendré que comprarme un tanque más grande”, concluye.