Emitió un acuerdo interno por el estado de calamidad que debía vencer el 31 de marzo. Tras el anuncio de Giammattei, será el 13 de abril.
De hecho, las municipalidades son las más deficientes en efectuar la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Las municipalidades tienen la obligación de difundir cada cuatro meses información sobre el estado de ingresos y egresos del presupuesto. Es una manera poco conocida, incluso por las comunas.
Pablo Escobar Méndez recibió una sanción moral junto con otros miembros del gobierno municipal de Aguacatán por violar el derecho al acceso a la información.
El concejo municipal resolvió por unanimidad que la Dirección Financiera debe entregar los informes de labores de tres financistas de campaña del alcalde Neto Bran.
El Procurador de los Derechos Humanos (PDH) considera ilegal la nueva tarifa de cobros establecida por el concejo de este municipio de Santa Rosa.
La comuna entrega fotografías borrosas de los trabajos realizados en Munitec-18. Sostiene que no está obligada a proporcionar imágenes claras.
Un libro de quejas no garantiza que las instituciones, como las municipalidades, dejen de violar del Derecho a la Información, advierte Silvio Gramajo, experto en temas de Transparencia.
La oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) asegura que su trabajo se concentra más en la mediación entre el ciudadano y las municipalidades.
La institución encargada de auditar las finanzas estatales estima que necesitaría 620 auditores para abarcar todas las alcaldías del país.
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