Desde que se declaró la emergencia, las autoridades locales han priorizado sus compras en insumos médicos y  productos de la canasta básica de alimentos. Sin embargo, en algunos productos como las mascarillas han pagado muy por encima de su precio en situaciones normales.

La Contraloría audita el proyecto de Q62 millones desde noviembre de 2018, sin resultados hasta ahora.

La comisión de asuntos municipales del Congreso recibió la propuesta que podría convertirse en Ley y que propone subir los techos para comprar sin licitar.

Tienen 24 y 26 años, y ya encontraron la manera de proveer a las alcaldías. El secreto está en movilizarse de un lugar a otro con facilidad y subcontratar los servicios.

Un trámite burocrático impide que cuente con servicios básicos, ahí donde una enfermera atiende hasta 50 pacientes cada día.

La Contraloría sancionó a la municipalidad de Guatemala por utilizar Q1 millón de este proyecto para otras obras.

El monto contemplado en la Ley de Contrataciones del Estado es de Q90 mil, las adquisiciones mayores a esa cantidad deben hacerse por cotización.  

Sucede cuando la constructora no recibe su cheque y debe sufragar con sus propios fondos los materiales o pedir un préstamo, cuyos intereses incrementan los costos del proyecto.

La arquitecta Elsa Turcios, a cargo del proyecto municipal, fue inhabilitada para ejercer su profesión por seis meses. El caso permanece abierto a la espera de un fallo definitivo.

La entidad fiscalizadora verificará si existieron inconsistencias en las fases del instituto tecnológico de la zona 18. El MP pidió el informe que podría conducir a una investigación penal.