#20MinutosCon Irene Flores: “La ley de adquisiciones es más de lo mismo”

21 octubre 2022

Una de las propuestas de este proyecto es aumentar los techos de las modalidades de compra actuales y agregar otras sin especificar sus presupuestos.

También puedes ver esta entrevista en la fanpage de Ojoconmipisto. Foto: Facebook.

Irene Flores es licenciada en Administración de Empresas especializada en gestión y gobierno de las organizaciones con enfoque en política, economía y negocios. Se ha desempeñado como coordinadora de apoyo a inversiones estratégicas y transformación productiva en el Programa Nacional de Competitividad, consultora de operaciones de la cartera activa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e integrante del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

En el último año y medio han pasado por el Congreso tres intentos por reformar y/o sustituir la Ley de Contrataciones del Estado (LCE). El último, la iniciativa 6141 o Ley de Adquisiciones, se presentó en el pleno por primera vez el 28 de septiembre de 2022. Una semana después llegó a segunda lectura, con lo cual solo le faltaría una más para ser aprobada y discutida para su redacción final.

En 20MinutosCon, Irene Flores profundiza en este proyecto, la probabilidad de ser funcional o no y las implicaciones para el uso de los fondos públicos si se admite.

-¿La LCE actual es suficiente para nuestro país o realmente necesita reformas?

La LCE no es suficiente porque en la práctica no orienta los procesos de compra para realizarse bien, ser rápidos y ser un beneficio para el Estado donde se obtenga más por el dinero pagado. Sin embargo, eso no se resuelve con la ley de adquisiciones ni con cualquier ley a proponerse aunque fuera perfecta, porque requiere muchos otros elementos a reformar para crear un sistema funcional.

Entre esos aspectos están las capacidades de las entidades compradoras para implementar bien la ley, las aptitudes del personal, sus  sistemas, sus estrategias de planificación, los mecanismos de evaluación y monitoreo de las compras públicas, la rendición de cuentas…  Eso no se atiende a través de una ley de adquisiciones porque hay muchos otros elementos como el sistema financiero para poder hacer pagos en tiempo, por ejemplo, donde no hay una relación con leyes de compras, pero sí es una parte importantísima del proceso.

Para que un proceso de adquisición salga bien se necesita todo eso y no basta con legislar.

-¿Esta iniciativa tiene soporte técnico?

No lo tiene. Hay un inventario de buenas prácticas a tener en todo buen sistema de compras públicas. A través de ellas vemos cómo los países compran rápido, bien y muchas veces barato, y así proveen mejores servicios a su población. Ese registro se llama estándares internacionales y la iniciativa 6141 no cumple con muchos de ellos. De hecho, en general retrocede respecto a lo que tenemos con la LCE.

Un estándar muy claro es cómo la ley de compras en cualquier país debe establecer una jerarquía de qué se debería ver primero y cómo calificar cada aspecto cuando se quiere adquirir un insumo. Entre esos aspectos se encuentra el importe, el precio en el mercado, cuántos competidores hay capaces de ofrecerlo o si solo hay uno, la posibilidad de obtenerlo en el extranjero, la conveniencia de pactar la entrega en un lugar específico, etc. Esa escala está clara en otros lugares, pero la iniciativa 6141 no la ofrece.

La propuesta no sería una ley donde las instituciones pudieran orientarse respecto a qué modalidades utilizar en cada caso, cómo aplicarlas, qué documentos se deben preparar, cuáles deberían ser los términos de referencia y más que, incluso, la ley actual no define y el único criterio para cambiar de un tipo de adquisición a otro es el precio. Si se propone un proyecto donde la jerarquía no se agrega y en vez de eso los cambios más grandes son los montos, al final las compras no mejorarán y serán más de lo mismo.

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-¿Qué opina de las tres nuevas modalidades propuestas por la ley de adquisiciones?

Se llaman convenio marco, compra de alimentos no preparados y de servicios municipales, y padecen de los mismos problemas. Son poco claras, no definen condiciones, no hay jerarquía. Algunas son una verdadera aberración en cómo están definidas, entonces solo persistirá ese comportamiento de compras opacas, de mala calidad, entregas a destiempo, de mala calidad y sin resolver los problemas de la población.

La segunda no indica un límite de gasto y cómo se podría aplicar para comprar cualquier bien, obra, servicio o suministro, entonces se convertiría en un proceso muy utilizado en las adquisiciones. Al no tener un monto definido no tendría ningún control ni condiciones para ejecutar.

-¿Qué cambios propone esta iniciativa respecto a los techos presupuestarios para las compras?

La compra de baja cuantía pasa de Q25 mil a Q35 mil, a la compra directa le cambian el nombre a compra simplificada y sus fondos máximos se amplían de Q90 mil a Q125 mil. La cotización va a partir de allí hasta Q2 millones, en vez de los Q900 mil de antes.

-¿Es sostenible un modelo como ese para un presupuesto como el de Guatemala?

Si por sostenibilidad nos referimos a proveer a la población de bienes y servicios de calidad para resolver los problemas de su condición de vida, economía, etc., la respuesta es no. Una de las principales causas de malos servicios es que se compra mal, no se adquiere lo necesario ni se hace a tiempo. El propósito de las intervenciones públicas es provocar cambios en la calidad de vida de los vecinos y en estas condiciones no se logra.

Tampoco es sostenible financieramente porque ante tanta compra de mala calidad, cara y lenta, solo se desperdicia el dinero y eso tiene un límite porque si se usa allí, ya no está disponible para proveer buenos servicios a la población.

-¿La ley de adquisiciones promueve la transparencia y la competencia justa?

No. Las compras donde se aplican procesos competitivos en la iniciativa 6141 son solamente cinco de las 24 formas distintas propuestas. Allí solo se orienta el sistema a adquirir insumos con métodos directos y estos suelen ser poco transparentes, difíciles de fiscalizar, no aseguran la calidad y todo se escoge “a dedo”.

La transparencia va de la mano con la competencia y si en los publicados no se invita a la participación, la segunda no sucede.

-¿Por qué debería importarle a los vecinos si se aprueba o no esta ley?

Porque de una buena ley de compras depende la posibilidad de los pobladores de recibir buenos servicios básicos. Es el mecanismo por el cual la entidad pública consigue los insumos para satisfacer una necesidad.

Si hay, en cambio, una ley promotora de las compras opacas, de manera discrecional, sin mayores límites y controles, pues entonces al vecino no le tendrá que extrañar, que no le llegue agua, luz, buenas carreteras y caminos, una buena escuela, profesores que sí asistan a sus clases. Todos esos servicios estatales dependen de un buen proceso de adquisición.

También puedes leer: Llega a segunda lectura iniciativa que pretende aumentar los montos de compras en el Estado

Mirja Valdes

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