30 Jun Registro sanitario no es requisito para las compras de covid19
Las alcaldías adquieren insumos de protección y mascarillas a proveedores cuyo giro es la construcción sin exigirles este aval. El Ministerio de Salud advierte que deben pedirlo para garantizar la calidad del producto.
Por Isaias Morales -Ojoconmipisto
Durante los primeros 100 días de pandemia en Guatemala, las municipalidades adquirieron productos de higiene y protección para los vecinos y empleados públicos con el fin de evitar más contagios. Sin embargo, no exigieron a sus proveedores, que suelen venderles materiales de construcción, el registro sanitario que garantice la calidad de los productos.
Esta práctica es recurrente, no solo de Guatemala sino en otros países de la región Latinoamérica, como lo evidencia esta segunda entrega de la Red Palta que indaga en los contratos públicos que las entidades han realizado en esta emergencia sanitaria.
Barato, pero ignorado
El puerto de San José se encuentra en Escuintla, uno de los cuatro departamentos del país con movilidad restringida a causa de la pandemia. Es el segundo que concentra más casos después de Guatemala con 12,023. El lunes 29 reportaba 858 casos, y esto tiene a los gobiernos locales en alerta.
La municipalidad de San José, que dista 86 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, compró mascarillas de prolipropileno, mascarillas N95, termómetros infrarrojo frontal, lentes protectores y guantes a Tranmaq. Se trata de la constructora de Wilber Apen que obtuvo dos contratos para balastar caminos a principio de año y a la que no se le exigió registro sanitario alguno.
Apen entregó 1 mil 500 mascarillas N95 que vendió a Q17.50 (US$2.57) cada una y otras 22 mil de tipo polipropileno a Q4.97 (US$0.73), según el acta publicada en el portal de compras. El alcalde Marco Vinicio Narrajo López, que ocupa por primera vez en el cargo, y su concejo no se preocuparon por requisitos. En la sesión aprobaron tomar “las medidas administrativas y legales que en derecho correspondan, a efecto de poder realizar la adquisición de bienes y suministros relacionados a salubridad e higiene ambiental”, y declarar un día de oración.
La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) del ministerio de Economía establece el precio promedio de una N95 en Q19.50 (US$2.56). Pero también recomienda lugares donde puede adquirirse por valores que van desde Q10 (US$1.31) hasta Q55 (US$7.23). La adquisición más reciente que figura en Guatecompras es la el hospital de Cuilapa, Santa Rosa, por Q30 (US$3.94) el pasado 23 de junio.
En abril, la alcaldía de Villa Nueva pagó Q110 (US$14.50) por una N95, cuatro veces el precio de referencia establecidos por la Diaco. El concurso se anuló porque la prensa denunció el sobreprecio, pero la municipalidad lo justificó en que la proveedora no las entregó a tiempo. En América Latina, el precio promedio es de US$6.63.
Con las desechables ocurre una situación similar. La comuna de Quetzaltenango, una ciudad a 110 kilómetros de la capital, compró 20 mil mascarillas de tres capas a José David Juárez Medina que registra como nombre comercial “Asian Beautty”, dedicada a la peluquería y otros servicios de belleza. Esa fue la oferta más económica.
El concejo municipal pidió priorizar la calidad en las bases, pero Chris Rivas, médico y director salubrista que evaluó la compra, no exigió el registro. El alcalde es Juan Fernando López también es primerizo. Asumió de la mano del Partido Humanista.
En estas contrataciones se priorizaron el precio, el tiempo de entrega y las características, pero omitieron la calidad mencionada en la Ley de Contrataciones del Estado.
De las 11 alcaldías que adquirieron productos de salud, solo una exigió la autorización del ministerio. Se trata de Tajumulco, San Marcos, que compró 12 mil mascarillas lavables sublimadas con logotipo y eslogan de la municipalidad.
Cada tapaboca costó Q7.45. El proveedor a cargo es Repca-Medical que obtuvo su permiso sanitario el 3 noviembre de 2016. Su patente de comercio lo registra como un fabricante de bienes médicos y farmacéuticos que a su vez puede importar y vender. Solo este año registra 52 adjudicaciones como proveedor de Salud y del Seguro Social.
Procesos similares, productos distintos
La ciudad de Guatemala, la capital del país, contrató cuatro veces a Nader Youssef Nasser Sanabria. Su empresa Discogua vende desde 2004 materiales de construcción, electricidad, equipos de protección industrial, entre otros, y ahora distribuye insumos para desinfectar las calles e instalaciones municipales. La alcaldía no le exigió el requisito sanitario.
A finales de mayo adjudicó la compra de 1 mil 360 galones de alcohol por Q103 mil 340 (US$13,597). Sin embargo, otro oferente que sí mostró la licencia sanitaria y un precio más económico (Manser S.A) quedó fuera por no presentar toda la documentación solicitada. Esta empresa ha sido proveedora del Seguro Social y el ministerio de Salud durante la pandemia.
Un segundo gasto municipal fue de Q224 mil en 879 (US$29,589.34) por 1 mil 625 galones de amonio cuaternario (desinfectante). Y aquí se repitió la misma situación con Solmer.
En la primera quincena de junio la alcaldía capitalina adquirió en dos ocasiones equipos protección para el personal (botas, guantes, lentes y otros accesorios) por un monto de Q265 mil (US$38,970), y otra de Q297 mil 291 (US$43,719).
La segunda y la cuarta adquisición tienen en común que TuMuni pidió un certificado de la Organización la Salud y Seguridad Pública (NSF, en inglés), pero el contratista no lo incluyó, es decir, papelería incompleta.
La NSF es una organización internacional no gubernamental que emite certificaciones para los productos de limpieza y desinfectantes exportados hacia distintos países. En su sitio web menciona que tiene presencia en Guatemala. Según Nader Nasser, esta constancia solo es necesaria para el amonio cuaternario que adquirió y revendió a la municipalidad. La marca es Swipol de HomeCare de México.
El empresario envió por correo electrónico a este medio el certificado también avalado por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de Estados Unidos en 2013, pero no especifica fecha de caducidad. Nasser indicó que del galón de desinfectante que vendió se pueden obtener otros 20 más al mezclarse con agua.
El encargado de avalar las primeras tres compras fue el coordinador de la Unidad de Apoyo a las Alcaldías Auxiliares, Maynor Rafael López Contreras, y la última la hizo el director de Gestión y Manejos de Residuos y Desechos Sólidos, Óscar Vinicio García Lima. Se les buscó para obtener una explicación de los criterios para seleccionar a la ganadora, pero ninguno respondió las llamadas. Tampoco la oficina de comunicación social pese a que el vocero José Miguel Benitez ofreció una respuesta. Para las compras que responden al Estado de Calamidad no se requiere de una junta calificadora integrada por al menos tres empleados.
Al consultar al ministerio de Salud, la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control (DGRVCS) explicó que el permiso de la NSF no aplica para Guatemala. Para su venta se debe de poseer el registro sanitario y que la compañía debe tener la licencia. Cada una se tramita en un máximo de 30 días.
Respecto a las alcaldías que omiten este requisito, Margarita Portillo, coordinadora de la Unidad de Vigilancia, Monitoreo y Control de la DGRVCS, respondió que los encargados (municipalidades y otras entidades) “son los responsables de establecer los requisitos para garantizar que (las firmas) cumplan con las especificaciones necesarias” y así garantizar calidad de lo requerido.
Portillo agregó que en caso las empresas incumplan se realiza una investigación. Si se considera que el establecimiento incurrió en un posible delito, se presenta una denuncia ante el Ministerio Público para que empiece un proceso penal.
Hasta la fecha estas cuatro adjudicaciones de insumos de higiene estas son las únicas realizadas por la municipalidad de Guatemala. Un reporte oficial del Departamento de Epidemiología del ministerio de Salud, difundido el 19 de junio, da cuenta que la capital concentraba la tercera parte de los contagios del país. Los primeros trabajadores en dar positivo a COVID19 fueron los agentes de tránsito a finales de mayo, algunos de ellos señalaron que trabajaban sin tener equipos de protección.
¿Y la calidad?
Karin Slowing, médica y exsecretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, considera que la calidad es un requisito mínimo deben reunir las empresas para conocer si operan de manera legal y cuentan con las condiciones para realizar una venta especializada. “Debe existir una revisión periódica del cumplimiento de estándares, pero esto no lo hace el ministerio de Salud porque emite la licencia y el registro”, la otra parte de la ecuación recae en la Contraloría General de Cuentas (CGC).
Acerca de cómo audita esta última, el director de Atención de Denuncias de la Contraloría, Walfred Rodríguez, indicó que las revisiones se enfocan en determinar si las empresas proveen productos de acuerdo con el giro habitual al que se constituyeron, si tienen registro y comprobar si lo venden.
La Contraloría General de Cuentas anunció a finales de mayo que abrió auditorías especiales para 18 municipalidades. De estas podrían aplicarse multas, reintegros equivalentes al monto adjudicado o denuncias penales. Se empezaron a realizar por las sospechas por los precios altos a los que adquirieron los insumos. Por ahora estos exámenes siguen en proceso sin que aún se conozcan los resultados.
Nota de redacción: El tipo de cambio utilizado para esta nota fue Q7.6 por US$1.00
Este reportaje forma parte de una investigación regional, liderada por la red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red PALTA), que integran Datasketch de Colombia, El Faro de El Salvador, La Diaria de Uruguay, La Nación de Argentina, Ojoconmipisto de Guatemala, OjoPúblico de Perú y PODER de México, apoyada en parte por Hivos y Open Contracting. Para leer sobre el sistema de compras y contrataciones de América Latina también puedes ingresar al sitio de la Red Palta.