Poca planificación municipal, pocas obras

 

Fraijanes no adjudicó nuevos edificios en 2017 y Chinautla solo tenía uno que terminó por cancelar. Los proyectos de las otras 15 municipalidades no superan 40.

 

 

Por: Carlos Estrada | 5 de abril de 2018

 

Pese a contar con recursos para su ejecución, el año 2017 fue uno con pocos proyectos municipales: en el departamento de Guatemala, las municipales solo adjudicaron 41 nuevas construcciones. Esto se reflejó en una baja ejecución presupuestaria, la cual no alcanzó el 40 por ciento.

De un presupuesto vigente de Q4 millardos 86 millones 237 mil 685.09, las alcaldías solo utilizaron Q1 millardo 632 mil 447 mil 775.18al 31 de diciembre de 2017, según los registros públicos.

Las razones para la baja ejecución, indican dos expertos en temas municipales consultados, fueron varias, pero la principal fue la falta de planificación.

Otros aspectos que influyeron fueron las diferencias entre el gobernador y los alcaldes del departamento de Guatemala, la inexperiencia de algunos jefes ediles en la ejecución de proyectos, las reformas a la Ley de Contrataciones que entraron en vigencia en 2016 y el tema de la corrupción que obligó a algunas comunas a transparentar sus procesos de compra.

 

Municipalidades sin planes

 

Luis Linares, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asies), es tajante con las municipalidades en general y en específico con las que conforman el departamento de Guatemala. “Lo que hay es falta de planificación”, señala.

En un departamento en donde la última “gran vía de comunicación» inaugurada fue la Calzada de La Paz en los años 90, el resto de proyectos no ha pasado de ser pequeños pasos a desnivel pagados con los recursos de las empresas que construyen edificios o centros comerciales como contribución para mitigar el tráfico, indica Linares.

El desarrollo está estancado. Durante años las municipalidades han estado con paliativos para los grandes problemas. Un día resuelven que hay que cambiar las vías en un lugar y el efecto se nota solo al principio. No hay planes de largo plazo, todo lo que ejecutan son flor de un día”, agrega el analista de Asies.

Las obras que refleja el listado de los 41 proyectos de 2017 monitoreados por Ojoconmipisto, son muestra de ello. Aparte de los institutos tecnológicos en la zona 21 y zona 18 que adjudicó la municipalidad de la ciudad de Guatemala por Q11.3 millones y Q10.8 millones, el resto son necesidades de cobertura básica de la población, como escuelas primarias o centros de salud.

Otro elemento es que la adjudicación de las obras se concentra en el último trimestre del año. Al menos 22 de las 41 construcciones fueron otorgadas en ese periodo.

 

 

La Ley de Contrataciones y la fiscalización

 

En enero de 2016 con la llegada del nuevo gobierno, entraron en vigencia las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado. Entre las modificaciones figuran temas como el fraccionamiento o los tiempos de licitación que no se encontraban delimitados. Esto era aprovechado por las comunas para burlar la ley.

El experto en temas municipales de Asies señala que las municipalidades tenían artimañas para fraccionar los proyectos y evitar la licitación.

Proyectos completos eran fraccionados. Una calle de cinco kilómetros la dividían en 10 proyectos y se evitaban licitar el concurso pues hacían uno primero y otro después. Había un amaño con los procesos no competitivos, las licitaciones las publicaban hoy para recibir ofertas mañana. De esta forma solo participaban las empresas con las que tenían acuerdos. Ahora con los plazos mínimos y las modificaciones, se toparon con que no pueden hacer las maniobras en las que antes incurrían”, agrega Linares.

Sumado a esto, la Contraloría General de Cuentas (CGC) empezó a fiscalizar más los proyectos, tanto por la presión de los medios como por las investigaciones como las emprendidas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP).

Entre 2016 y 2017, ambas instituciones destaparon casos de corrupción que vinculaban a contratistas de obra pública, como el de Construcción y Corrupción, en donde se descubrió como un grupo de empresas pagó millones en sobornos al ex ministro de Comunicaciones a cambio de recibir los pagos por las obras de arrastre.

A finales de enero de este año, la CICIG y el MP dieron a conocer otro caso de corrupción en obras públicas, esta vez relacionado con la constructora brasileña Norberto Odebrecht, en donde una denuncia de la Contraloría General de Cuentas (CGC) fue el inicio de la investigación.

La Contraloría ha empezado a denunciar penalmente cualquier indicio de corrupción en obras para evitar caer en el delito de omisión de denuncia.

 

El factor gobernador

 

En el caso de los proyectos ejecutados a través de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), hubo otro factor para la baja ejecución de los proyectos, considera Enrique Godoy, ex vice alcalde de la municipalidad de Guatemala y experto en temas municipales.

De los 41 proyectos identificados por Ojoconmipisto, 13 se ejecutan con recursos provenientes de los Codedes y otros 10 con fondos mixtos de Codedes, IVA Paz o fondos municipales.

En 2017, el presidente Jimmy Morales decidió cambiar a varios de los gobernadores, entre ellos al del departamento de Guatemala. En el transcurso del año, el partido opositor Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)  interpuso varios amparos ante la Corte de Constitucionalidad. El argumento fue que el mandatario había ignorado el proceso establecido en la ley para seleccionarlos al no tomar en consideración la terna propuesta por el Codede.

“Los departamentos pasaron varios meses sin gobernador, lo cual era un problema básico para los Codedes por que este es quien coordina el Consejo y sin gobernador, no había quien firmara”, señala Godoy.

Sumado a esto, la ley del Presupuesto 2017 establecía en su artículo 49 que no podría asignarse recursos para nuevos proyectos, si no se encontraban cubiertas las necesidades de los proyectos iniciados en 2016.

Amarrado a esto, la ley establecía en su artículo 100 que para poder pagar deuda de arrastre, se debía conformar una comisión integrada por la Secretaría de Planificación de la Presidencia (Segeplan) y la CGC, y esta debía hacer un inventario de proyectos y obras pendientes de pago.

De igual forma, el artículo 97 de dicha ley establecía que Segeplan y la CGC debían supervisar las obras para determinar si las mismas eran elegibles para recibir pagos.

“Se pasaron más de seis meses buscando la forma de cambiar los artículos para poder pagar la obra de arrastre y empezar a ejecutar nuevos proyectos. Después, ya no tuvieron la capacidad de ejecutar el presupuesto por que la Contraloría tenía que validar y certificar que lo que fuera a pagar cumpliera con los requisitos”, señala Godoy.

Ojoconmipisto intentó contactar a Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), para conocer las razones por las que las comunas tuvieron una baja ejecución en 2017, sin embargo, no respondió las llamadas.

Escobar encabezó en 2017 los esfuerzos por modificar la Ley del Presupuesto 2017 con el argumento de que impedía el avance de la ejecución de proyectos, esto fue respaldado en varias oportunidades por Jimmy Morales. Sin embargo, no lograron convencer a los diputados de las distintas bancadas.

Este año, con el mismo presupuesto vigente, los alcaldes han vuelto al Congreso para buscar las reformas que según ellos, les permitirá ejecutar el presupuesto.