Negocio de la leche escolar: el padre promueve la ley y el hijo la provee

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Tecno Suministros, S.A. es el proveedor predilecto de leche en polvo para brindar comida en las escuelas. Se trata de una compañía fundada por Carlos Alejandro Fión Rossal, hijo del diputado que impulsó la Ley de Alimentación Escolar. La normativa aumentó la inversión de Q1.11 a Q4 por estudiante, esto favoreció no solo a los niños que asisten a escuelas públicas sino también a las empresas que han estado relacionadas con la familia Fión. Con 59 contratos que suman más de Q3.7 millones, Tecno Suministros es la favorita para dar leche en las aulas. 
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Este reportaje forma parte de la investigación regional «La leche prometida».

Por Daniel Villatoro

 


 

Cuando la Ley de Alimentación Escolar se aprobó en el Congreso, esta llegó impulsada por figuras como Carlos Rafael Fión Morales, legislador y empresario distribuidor de leche. La norma incrementó el monto destinado para la compra de alimentos para las escuelas públicas, de Q1.11 aumentó a Q4 por alumno. Entre estos productos, está la leche.

Fión Morales fundó Todo Terreno Milk Products, S.A.,  y esta vendió productos lácteos a instituciones públicas durante 2011-2018, aun cuando la Constitución le prohibía ser proveedor del Estado por ser diputado. Él sostiene que se desvinculó de la compañía cuando asumió el cargo en 2008. «Desde que tomé posesión me retiré de esta y otras empresas en las que participaba, la heredaron mis hijos», dice. Y desde entonces, afirma, no participa en operaciones directas de esta sociedad.

Sin embargo, no solo esta compañía se ha beneficiado con la venta de este producto. La proveedora favorita de los programas de alimentación escolar del ministerio de Educación es Tecno Suministros, S. A. —firma creada Carlos Alejandro Fión Rossal, uno de sus hijos del congresista y exsocio en Todo Terreno Milk Products, así como dos antiguos trabajadores de la empresa—.

 

 

Como demostró elPeriódico en su investigación “El lechero del Estado”, Todo Terreno Milk Products ha tenido 297 contratos con el Estado por más de Q29 millones desde el 2011, de los cuales el 62 por ciento ha sido adjudicaciones sin concurso.

La sociedad anónima fundada por el hijo tampoco no se queda atrás:  Tecno Suministros  acumula 546 contratos que suman casi Q28 millones.

 

 

 

Los registros de compras de leche del Ministerio de Educación evidencian la relación de ambas empresas como proveedores del Estado. 

La compañía fundada por el hijo de Fión es la que más contratos recibe de las Direcciones Departamentales de Educación (Dideduc), las encargadas de gestionar las comidas escolares en aquellas escuelas que no cuentan con una Organización de Padres de Familia (OPF) que compra ingredientes y prepara los menús. 

De los 109 contratos de las Dideduc a partir de 2016,  Tecno Suministros ha sido elegida en 59 ocasiones. Esto representa el 53 por ciento de las compras de leche y otros insumos para las escuelas que suman Q3.7 millones. 

Fión Morales sostiene que como no tuvo nombramientos en la sociedad ni fungió como representante legal, técnicamente nunca fue proveedor del Estado. Al ser cuestionado sobre la promoción de leyes que podrían beneficiar a sociedades relacionadas con sus hijos, el diputado responde que promueve y vota aquellas disposiciones indispensables para que el Estado pueda ser operativo.

«La ley de Alimentación Escolar aumenta la inversión al permitir que más de 26 mil  Organizaciones de Padres de Familia (OPF) decidan a quien le compran. Esta ha sido una de las pocas veces en que el Congreso ha entendido la necesidad y el impacto social de una medida», indica.

Con sede en Escuintla, Guatemala, Izabal, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango y Las Verapaces, Todo Terreno es una firma reconocida por su capacidad para repartir los productos en el país. Lo que empezó como una sociedad enfocada a la entrega de leche en polvo, creció hasta convertirse en una distribuidora de alimentos con capacidad para entregar en toda la república. Según el diputado, características como estas son determinantes para optar a contratos con el Estado, así como tener la capacidad de resistir financieramente a pagos tardíos. 

 

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Las paredes verdes de esta escuela casi no se ven. Filas de cuatro cajas de alimentos, una sobre otra, cubren la superficie y hasta arriba se aprecia que funcionan como un mueble improvisado para carteles y otros materiales didácticos. Un niño, un poco cansado, se apoya sobre las cajas–paredes en la Escuela José Venancio López, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, a inmediaciones de un mercado cantonal. Así como esta, existen establecimientos que carecen de una cocina para preparar comida, de padres y madres que se organicen y trabajen de forma voluntaria, y de una bodega para guardar las cajas. 

 

 

 

Esta es una de las 1,218 escuelas de Guatemala que no tienen OPF para gestionar la alimentación de los estudiantes. 

En su mayoría, las cajas de leche en polvo que se apilan son de la marca Gold Star, un producto neozelandés, cuyas principales distribuidoras son las sociedades fundadas por Fión y su hijo. Una revisión de una muestra de los 59 contratos en los que Tecno Suministros fue adjudicada demuestran como este producto, a un precio usual de Q16 por la bolsa de 360 gramos, es  más barato en comparación con otros más conocidos como Australian (Q25.50), Dos Pinos (Q26.25) o Nido (Q30). La comparación de las ofertas económicas y los precios son otras de las razones por las que Tecno Suministros es seleccionada. 

 

 

En total, las 16 direcciones departamentales han comprado Q6 millones en concursos que incluyen leche en polvo. De estos, Q3.7 millones han ido a la distribuidora de Gold Star. El proveedor que queda en segundo lugar ha tenido solo nueve  contratos en comparación con los 57 de Tecno Suministros.

 

 

Tecno Suministros es el proveedor de la mayoría de contratos de las direcciones departamentales.

Según la Ley de Alimentación Escolar, las direcciones departamentales de Educación son los órganos encargados de asignar los recursos para los menús, en línea con la normativa de las OPF. A las direcciones departamentales les corresponde capacitar y registrar a las organizaciones familiares para programar las transferencias y las compras necesarias para que los alimentos lleguen a las escuelas.

El sistema establece que las OPF velarán por la alimentación en las escuelas y comprarán los productos. Esto ocurre así en gran parte de las escuelas del país. Pero en aquellos lugares en donde no existen, las direcciones departamentales compran los alimentos para lograr los menús establecidos por el Mineduc. 

 

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“Años atrás se intentó implementar un sistema de alimentación escolar basado en vasos de leche, pero no era un alimento tan aceptado culturalmente”, comenta Andrea Aldana, la defensora del derecho a la alimentación del Procurador de los Derechos Humanos (PDH). 

Los menús desarrollados por nutricionistas del Mineduc contemplan  la leche como un ingrediente principal en 15 alimentos, sobre todo bebidas y postres preparados como arroz en leche. Tanto en los 10 menús a nivel nacional, como algunas de las variaciones regionalizadas para lograr la pertinencia cultural y la disponibilidad de los ingredientes.

 

 

Además de su experiencia en nutrición, la defensora explica los hallazgos que en su labor de monitoreo ha encontrado: no en toda Guatemala es común o frecuente tomar leche. Recurren a la producida de manera industrial para que no se arruine mientras está almacenada. 

“La falta de participación en las OPF es también por miedo”, comenta Aldana. Los padres y madres se vuelven responsables de gestionar el dinero –que se entrega en tres desembolsos al año–, además de comprometerse a comprar los alimentos, organizar a equipos para cocinar y distribuir, y mantener los registros contables. 

Esta normativa impulsa las compras locales y enfatiza en que, de ser posible, “la adquisición de los insumos deberá realizarse en la misma jurisdicción territorial en la que se encuentra el centro educativo. Se debe priorizar la compra a proveedores que practiquen la agricultura familiar de la localidad”. La ley establece que al menos el 50 por ciento de los productos deben ser provistos por ellos.

Las compras de las OPF se deben de documentar con facturas y sus proveedores deben ser acreditados en el programa de Agricultura Familiar del Ministerio de Ganadería y Alimentación (MAGA). Sin embargo, esta cartera ha tenido problemas para generar los registros de agricultores locales que los padres de familia organizados utilizarían para encontrar nuevos proveedores que incentiven la economía del lugar. 

Según el ministerio de Educación, de los 17 millones aproximados de guatemaltecos, 5 millones 822 mil se encuentran en edad escolar. 

 

 

 

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Ojoconmipisto revisó más de 779 registros de contrataciones del Estado que incluían la compra de productos lácteos para determinar que las empresas relacionadas con Fión y su hijo fueron favorecidas no solo por el ministerio de Educación sino también por las carteras de Salud Pública, de Gobernación, de Trabajo y Previsión Social, de Cultura y Deporte, de Desarrollo y otras instituciones como el Seguro Social y el Ministerio Público. 

Con 157 de estos contratos, las proveedoras vinculadas a los Fión suman Q8.2 millones en compras del Estado que incluyen leche. Si la muestra se amplía hacia todos los contratos de estas compañías, los 297 contratos de Todo Terreno más los 546 de Tecno Suministros representan más de Q57 millones 492 mil, casi la misma suma de todas las compras de todas las instituciones del Estado que incluyen leche, de 2016 a 2019. 

Carlos Rafael Fión Morales llegó al Congreso en 2008 como diputado por la Gran Alianza Nacional (Gana). En 2012 se reeligió con el partido Compromiso, Renovación y Orden (Cre0) y con este también obtuvo su tercer periodo que termina el 14 de enero de 2020. Dejará el Organismo Legislativo para convertirse, a partir del año entrante, en el único diputado de Creo en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

 

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Legislar la refacción escolar: más inversión por estudiante y una excepción para los procesos de contrataciones

 

El propósito de la Ley de Alimentación Escolar es fomentar el consumo de comida saludable en las escuelas del país, basada en que tanto el acceso a la educación pública como a la alimentación son derechos humanos que hay que proteger, al igual que a la niñez por ser vulnerable.

En un país en el que el 16 por ciento de la población (2.7 millones) tiene un nivel de Inseguridad Alimentaria severo, un 22 por ciento (3.8 millones) moderado y 38 por ciento (6.6 millones) leve, esta ley se vio favorable. Para que el cambio no fuera tan drástico y en consideración con los procesos de presupuesto anual del Estado, se contempló un aumento gradual para la inversión por escolar: Q3 diarios en 2018 y a partir del 2019, Q4 por estudiante.

 

 

La norma también quitó una distinción enfatizada en los programas Hambre Cero del gobierno de Otto Pérez Molina: ya no se diferencian los montos entre área urbana o rural y tampoco por municipios priorizados debido a altos niveles de desnutrición en la infancia.  

Esta ley también incluye una excepción de los mecanismos que sancionan la práctica conocida como “compras fraccionadas”: en vez de realizar una contratación por un monto mayor a Q90 mil quetzales la cual implicaría convocar a un proceso de contratación competitivo—,  se divide en muchas compras pequeñas para evadir ciertas restricciones en el proceso de contratación y otros requisitos de transparencia. 

En su artículo 41, la Ley de Alimentación Escolar incluye una reforma la Ley de Contrataciones del Estado que elimina las multas y sanciones  a las unidades ejecutoras del Mineduc y a quienes laboren en ellas por fraccionar compras para evitar procesos de cotización o licitación. Estos mecanismos competitivos son prácticas regulares para la transparencia, pero debido a la centralización de dichos procesos y los plazos que implica un proceso competitivo, no son compatibles con la nueva estructura de la alimentación escolar.  

 

Para este reportaje colaboraron  Isaías Morales y José David López.
Fotografías: Carlos Alonzo.

 


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Este reportaje forma parte de la investigación regional «La leche prometida», liderada por la red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red PALTA), que integran medios y organizaciones de siete países: La Diaria (Uruguay), El Faro (El Salvador), OjoPublico (Perú), DataScketch (Colombia), La Nación (Argentina), PODER (México) y Ojoconmipisto (Guatemala).

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Esta investigación fue posible gracias a Hivos y Open Contracting Partnership.


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