06 Jun Al menos 28 salarios ediles para pagar las multas de la Contraloría
Andrés Lisandro Iboy, alcalde de Sololá, fue sancionado 18 veces, por lo que debía pagar Q648,425,85. Su salario mensual es de Q22,853.
Por Isaías Morales
El alcalde de la cabecera departamental de Sololá fue sancionado en 18 ocasiones por la Contraloría General de Cuentas (CGC), entre 2013 y 2015. Las multas por fallas administrativas e incumplimientos en la ley de Contrataciones del Estado sumaron Q648,425.85, de acuerdo registros de la institución fiscalizadora.
Andrés Lisandro Iboy Chiroy nació el 30 de noviembre de 1976 en Sololá, Sololá. Se graduó de Ingeniero Agrónomo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, como él mismo afirma. Ganó dos veces (2011 y 2015) con el comité cívico Sololatecos Unidos por el Desarrollo (SUD). Esta agrupación fue fundada en 1995 por Pedro Iboy Chiroy, hermano del Andrés Lisandro, también alcalde en el período 1996-2000.
Durante su administración se construyó el mercado municipal en cinco fases que juntas sumaron Q41.1 millones. La primera etapa comenzó en 2012 y para este año se prevé terminar la obra con la fase seis. La licitación cerró el 27 de abril, según el NOG5970784, y la empresa a cargo será SM Ingeniería y Consultoría de Guatemala, que cobrará Q16.8 millones.
El informe de la Contraloría, presentado el 31 de mayo de 2017, repara en la fase V de ese proyecto. Enumera ocho deficiencias relacionadas con actas no autorizadas por esa institución, las bases no se aprobaron en la fecha establecida y tampoco se publicaron otros documentos en Guatecompras. Todo esto provoca «falta de transparencia en los proyectos realizados por la municipalidad».
Un informe del observatorio Mirador Electoral, realizado por DOSES y Acción Ciudadana en 2011, identificó a Andrés Iboy como el líder de SUD en el casco urbano del municipio.
El observatorio asegura que el funcionario se formó y comenzó su carrera política mientras trabajaba con el alcalde indígena Bartolo Pancoj en 1994. “Apoyé en el tema social como cualquier ciudadano en la alcaldía indígena, pero no ocupe cargo alguno”, explicó el jefe edil.
Carlos Tito Urízar, director de comunicación de la municipalidad, informó que Andrés Iboy de 41 años “se dedicaba a estudiar agronomía y realizar actividades agrícolas antes de asumir como alcalde hace cinco años”
Multas superiores a su salario
Cada mes el jefe de la municipalidad cobra Q8,360 en dietas por asistir a reuniones del Concejo Municipal y Q14,493.00 por salario base. El monto de ingresos asciende a Q22,853.00, según la planilla de personal actualizada hasta diciembre de 2016.
De acuerdo con la Contraloría, las multas alcanzaron los Q648,425.85, esto representa el valor de 28 sueldos del alcalde. Iboy pidió que le redujeran un porcentaje a cambio de solventar la situación.
“Me han rebajado un aproximado del 10 por ciento por las multas (alrededor de Q64 mil) Todas las pagué con mi salario. No hay para donde ¿De qué otra forma podría pagarlo que no fuera con mis ingresos como alcalde? Hubo un año en el cual me tocó pagar más de Q60,000 por estas sanciones”, aseguró.
La vigente Ley Orgánica de la CGC, en su artículo 13, menciona que el “Contralor General tiene la atribución de otorgar rebajas de hasta un 50 por ciento sobre las sanciones impuestas a funcionarios que cometieron infracciones contra la Ley de Contrataciones del Estado”. Esta resolución deberá estar fundamentada y publicada `
Motivos de las multas
La sanción más alta que pagó Iboy Chiroy fue por “varios incumplimientos en la Ley de Contrataciones del Estado”, para lo que destinó Q468,638.96. Su explicación se limitó a decir que “las sanciones se impusieron por errores cometidos en las tareas operativas y en las contrataciones. Estas fueron a nivel administrativo”, indicó el alcalde, sin precisar por qué fue sancionado.
Otras 17 multas se debieron al inadecuado resguardo y archivo de la documentación financiera y administrativa, incumplimiento con recomendaciones de auditorías anteriores, fraccionamiento de compras y por errores en procesos de contratación de obra pública, deficiencia en el control interno y planificación de proyectos, entre otros.
Cristóbal Castellanos, subdirector de Auditoría a Municipalidades de la CGC, explicó que estas multas se emiten por recomendación del auditor que realiza un informe anual sobre el presupuesto municipal.
“Las sanciones se dan cuando se comprueba el error con la documentación respectiva. Cuando falten documentos de las operaciones financieras realizadas o queda alguna duda seria sobre la auditoría, se procede a una denuncia penal para que el Ministerio Público investigue”, explicó el funcionario.
Castellanos agregó que en este y otros casos, la mayoría de veces se sanciona “por falta de control de las transacciones e incumplimiento en los procedimientos para contratar o comprar un bien o servicio por parte del Estado”.
Sanciones fijadas por la ley
La GCC se fundamenta en tres artículos de la Ley de Contrataciones del Estado para ordenar sanciones contra funcionarios o empleados públicos de las municipalidades:
- El número 81 se refiere al fraccionamiento de adquisiciones. Esto sucede cuando se fracciona un bien o servicio “con el objeto de evadir la cotización y licitación” Para ello se contempla una multa equivalente al 2.5 por ciento sobre el valor total del contrato.
- El número 82 habla sobre el incumplimiento de obligaciones. La multa será equivalente al dos por ciento de la negociación si el funcionario, sin causa justificada, no cumple con las obligaciones asignadas en la ley.
- Mientras, el artículo 83 prevé una sanción del cinco por ciento sobre el valor de la adquisición. Esto, si se comete alguna otra infracción al reglamento.
